El derecho a engañar, el deber de prevenir

El derecho a engañar, el deber de prevenir

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El derecho a engañar, el deber de prevenir

Durante las últimas semanas se han conocido dos episodios sobre ejercicio ilegal de profesiones de la salud (medicina y kinesiología respectivamente) a través de la falsificación del título. Y por supuesto que los azotes de la opinión pública se han centrado en los ejecutores del delito.

¿Debiese ser así? Probablemente no.

Seamos realistas y pragmáticos. La conducta delictual -o aquella fuera de una norma- siempre ha existido y existirá hasta que dejemos de ser personas. Es parte del ser humano y su instinto de vivir en sociedad, un psicoanalista podría esgrimir que es parte de sus pulsiones -algunos las subliman mejor que otros-. Y más aún si tales quebrantamientos no generan inmediatos daños a terceros.

Tomando ese último punto, incluso un libertario podría esgrimir su derecho a engañar como un acto de libertad, “qué más propio de un ser humano libre que engañar”, podría decirse -por cierto, con evidente falta de empatía-.

Es por ello que las instituciones de calidad -entre las que se espera estén las públicas- tienen el deber de prevenir aquellos ilícitos de suplantación. Es como el control de daños, se sabe que existen y son inevitables, el objetivo es minimizarlos.

Existe a disposición de cualquier persona un registro de prestadores individuales de salud a cargo de la Superintendencia de Salud. Hoy en día, en ese registro están todos los profesionales y técnicos de la salud (incluso psicólogos) acreditados para ejercer su profesión -es decir, con título otorgado y aprobado por un organismo educacional competente-. Para construir el registro, la superintendencia dialoga directamente con las instituciones educacionales, sin pasar por el individuo en cuestión.

Y aquella obligación, si no se cumple en instituciones de salud, debiese ser motivo de gran indignación. Allí los profesionales y técnicos trabajan en cuidados de salud a personas y además están en pleno proceso de acreditación. Actualmente, es gravísimo que un profesional de la salud falso logre contratarse en una institución. Es tan severo que la culpa deja de ser del sujeto y pasa a ser de la organización.

Como ven, pedir un título original o una fotocopia legalizada ante notario está obsoleto -y es burlable-, basta que el empleador consulte el mencionado registro.

Ante el derecho a engañar, el deber de prevenir es mandatorio. Y la difusión preventiva de estos medios es vital en la tarea, no sólo para organizaciones que contratan sino también para pacientes que se atienden en forma privada con algún profesional de la salud.

fuente: Mario J. Hitschfeld (@mariohitschfeld) El derecho a engañar, el deber de prevenir

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